La Contraloría Regional del Maule confirmó incumplimientos contractuales en el servicio de guardias de seguridad brindado a la Municipalidad de Teno por el proveedor Pedro Marín Aravena, o PMA, quien se adjudicó licitaciones en forma recurrente hasta el año 2020 (ver documento aquí).
La fiscalización se inició a raíz de una denuncia presentada hace más de un año por el portal Rojas Fiscaliza, la cual advirtió anomalías en la supervisión municipal de los contratos, reclamando por las condiciones inadecuadas de las casetas de sus trabajadores, con sillas de segunda mano, ventanas inapropiadas y ausencia de calefactores comprometidos.
Luego de efectuar visitas en terreno, el organismo auditor no logró acreditar que las instalaciones contaran con certificación de normas técnicas y acústicas, agregando que «las dimensiones de las casetas de la Dirección de Seguridad Comunal, Biblioteca, Liceo Antiguo y Estadio Municipal, mantenían longitudes menores al mínimo exigido, no ajustándose a lo dispuesto en las bases administrativas y técnicas que rigieron» la licitación.
«En mérito de lo anterior, cabe concluir que, en cuanto a las condiciones sanitarias denunciadas por el recurrente, existen aspectos que no se ajustan a lo estipulado en el pliego de condiciones… por lo que ese municipio deberá arbitrar las medidas necesarias para que, en lo sucesivo, los inspectores técnicos que supervisen este tipo de contrataciones velen por que se cumplan estrictamente las especificaciones establecidas en las bases», señala el pronunciamiento.
La revisión también observó atrasos en la aplicación de multas contra PMA por la suma de $1.750.735. Ello luego de diversos incumplimientos del servicio durante el año 2019, relacionados con la falta de guardias fijos en recintos municipales, según dio cuenta el director de Seguridad, Rodrigo Villalobos, en un informe interno.
Así, se comprobó que el director de Control, Marcelo Díaz, y la asesora jurídica del municipio, Lorena González, no ajustaron su actuar a lo dispuesto en el artículo 7° del Reglamento sobre Procedimiento de Aplicación de Multas en Procesos de Compra Municipal de Teno, documento que establece un plazo de 5 días hábiles para solicitar la aplicación de las multas respectivas una vez analizados los descargos del proveedor.
Según Contraloría, en vez de los 5 días hábiles normados por reglamento, «transcurrieron 82 días hábiles desde la fecha de recepción de los descargos hasta la emisión del informe» a la alcaldesa Sandra Valenzuela para su resolución.
Otro hecho que reflejó el examen practicado fue no haber difundido en el portal de Mercado Público los decretos y fundamentos que llevaron a declarar desierta una licitación del servicio de guardias municipales, verificándose que dichos documentos «fueron publicados los días 2 y 7 de julio de 2020, es decir, de manera extemporánea, 6 meses desde que se originó el acto administrativo», lo que incumple las pautas del Ministerio de Hacienda en materia de compras públicas transparentes.
«En mérito de lo anterior, ese municipio deberá instruir al personal correspondiente para que, en lo sucesivo, fortalezca los procedimientos asociados a las compras públicas, teniendo énfasis en publicar oportunamente toda aquella documentación relacionada con las adquisiciones que se realicen; además, tendrá que velar para que, en un futuro, las contestaciones que se efectúen a los requirentes de información vía trasparencia, sean de manera completa e íntegra», subrayó la entidad.
