Sobreprecio de productos y diferencias entre lo ofrecido y lo entregado al gobierno observó la Contraloría Regional del Maule después de auditar los procesos de compra de cajas de alimentos realizados por la Intendencia con motivo de la pandemia de Covid-19.
En un informe que supera las 120 páginas (ver aquí), el organismo ordenó un sumario administrativo al interior del servicio que encabeza Juan Eduardo Prieto -anteriormente a cargo del ex intendente Pablo Milad- luego de establecer que «los bienes adquiridos difieren en cuanto a cantidad y especie respecto de aquellos ofertados por el proveedor adjudicado».
También se detectó, luego de comparar los precios de productos que componían la canasta adquirida versus aquellos ofrecidos en los principales supermercados del país, que existió «una diferencia en los artículos más económicos de hasta $16.645 por caja».
«Además, se comprobó que los precios pagados por ese órgano regional por una caja de alimentos destinada a un grupo familiar de 4 integrantes, compuesta por 26 productos, fue superior a lo desembolsado en las regiones aledañas –Región del Libertador Bernardo O’Higgins y del Ñuble-, detectándose, además, que contenían una menor cuantía de productos (23% y 25%, respectivamente)», señala el documento.
HIGIENE Y VENCIMIENTO
Otro acápite relata que después de fiscalizar en terreno los centros de acopio en las comunas de Talca, Longaví, Linares, Molina, Maule y Yerbas Buenas, se confirmaron diferencias irregulares «en el pesaje de las legumbres, los que, además, fueron entregados a granel, sin que las bolsas contaran con ningún tipo de rotulado, ni en condiciones de higiene en algunos casos».
Existieron, agrega, «disparidades entre los productos ofertados y finalmente entregados o bien cambios de éstos; existencia de faltantes y/o sobrantes de productos; alimentos vencidos, con inconvenientes o en mal estado para el consumo… cajas abiertas y sin el sello exigido».
«Se corroboró que la Intendencia Regional del Maule no realizó fiscalizaciones en terreno, verificando únicamente el cumplimiento de los requisitos a través de los antecedentes remitidos por cada una de las municipalidades, lo que no se ajusta al numeral 6.2, de la aludida resolución exenta N° 1.534, de 2020, mediante la cual se aprobó el manual de procedimiento del programa en estudio», añade.
Esta situación se vio agravada por el hecho de que el fiscalizador técnico de la Gobernación Provincial de Curicó, funcionario que debía efectuar una revisión aleatoria sobre las canastas entregadas en Molina, omitió realizar dicho procedimiento, negándose a «firmar el acta levantada por el equipo de fiscalización de esta Contraloría Regional, en las que se expusieron las faltas de control advertidas».
MUNICIPALIDADES
En cuanto al papel de los 17 municipios que recibieron el beneficio, se constató que 7 de ellos no se ajustaron a los plazos otorgados para la rendición de la entrega, situación que ocurrió en las comunas de Cauquenes, Chaco, Pelluhue, Yerbas Buenas, Pencahue, Río Claro y San Rafael.
En lo general «se constató que en 195 casos no se indica la fecha de entrega de las canastas de alimentos; 116 beneficiarios no firmaron o estamparon su huella digital en el acta de recepción conforme; 8.291 beneficiarios no contaban con la fotografía digitalizada de su cédula de identidad » «4 municipios entregaron una menor o mayor cuantía de canastas de alimentos que habrían sido entregadas a los beneficiarios», lo que no se ajusta a los términos del programa.
En paralelo hubo diversas discordancias, con beneficiarios si bien pertenecían al 40% más vulnerable según el Registro Social de Hogares, su domicilio no correspondía a la comuna donde recepcionaron el kit de alimentos.
Al respecto, se observaron tres casos en los cuales ser recibieron cajas en dos municipios distintos; 2.158 personas que no figuraban en la base de datos de Ministerio de Desarrollo Social y 367 de ellas que recibieron canastas de alimentos aun cuando «pertenecían a una categoría socioeconómica superior».
