Serios cuestionamientos ha enfrentado la Dirección de Vialidad de la Región del Maule en torno a la ejecución del contrato de mantención de caminos que otorgó en cuatro adjudicaciones seguidas a la empresa IKA Infraestructura por una cifra aproximada de $20 mil millones totales.
Tal como reveló este portal, además de la revisión que está efectuando la Contraloría Regional, existe una carta divulgada por funcionarios del servicio que denuncia retrasos en avances físicos de las obras globales y presuntas omisiones en la revisión de los antecedentes de solvencia que permitieron contratar en forma consecutiva al mismo oferente.
Incluso ante concejales de Teno, el director provincial de Vialidad en Curicó, Jorge Mateluna, ha aducido falta de personal por pandemia para explicar las razones por las que IKA no ha ejecutado los trabajos a cabalidad.
Un cruce de datos alojados en la plataforma pública de lobby permite establecer que el proveedor en cuestión ha sido representado en al menos dos reuniones con autoridades comunales de la Provincia curicana, tanto en Hualañé como Licantén, por el ingeniero César Fabio Díaz, un ex funcionario público que ejerció durante el primer gobierno de Sebastián Piñera como director regional de Vialidad en la zona de Tarapacá.
Fuentes del MOP aseguran a Teno Informado que los vínculos entre algunas empresas y funcionarios de Vialidad se han hecho habituales dentro del organismo, apuntando a un caso emblemático: el de la actual jefa de contratos para el Maule, Gloria Fuentes Loyola.
PUERTA GIRATORIA
En noviembre de 2020, el diputado Leonidas Romero ofició al ministro de Obras Públicas, Alfredo Moreno, para consultar si estaba «al tanto de la situación que afecta a la funcionaria Sra. Gloria Fuentes Loyola, quien se desempeña en la Dirección de Vialidad de la Región del Maule, como Jefa de Contratos, y quien, según se señala, tendría conflicto de interés con una empresa constructora que se adjudica alrededor del 50% de las licitaciones del organismo».
«En dicha empresa trabajaría el excónyuge y padre de sus hijas, además ella fue sometida o involucrada en 3 sumarios entre enero 2011 y mayo 2012, mientras fue jefe del mismo departamento en donde hoy se desempeña en igual cargo. Los sumarios habrían motivado al parecer la renuncia a esa dirección y que se derivaran los antecedentes al Ministerio Público y, sin embargo, hoy nos enteramos de que nuevamente está desempeñándose en el mismo cargo», sostuvo el parlamentario (ver documento aquí).
Aunque la respuesta que entregó el MOP no está disponible en la página web de la Cámara, este medio logró acceder a un compilado de registros que confirman la aplicación de una sanción de «censura» contra la funcionaria aludida, su posterior renuncia bajo la primera administración de Piñera y, más tarde, su retorno al mismo puesto de jefa de Contratos, movimiento que se concretó durante el segundo período del mandatario.
Según consta en una resolución de fecha 24 de mayo de 2012 (ver aquí), la medida disciplinaria fue aplicada luego de acreditarse la responsabilidad administrativa de Fuentes en un sumario que indagó irregularidades en el proceso de licitación de la obra pública denominada ‘Mejoramiento Camino San Rafael – Villa Prat, Rol K-40, tramo Km. 27,920, Provincia de Talca y Curicó, Región del Maule», expediente que fue derivado, en su oportunidad, a la Fiscalía Local de Talca, por existir antecedentes que podían revestir carácter de delito.
La investigación logró demostrar que la actual jefa de Contratos de Vialidad del Maule -quien luego envió una carta pidiendo su propia salida del organismo (ver misiva)- incumplió sus funciones al haber omitido «informar al Director Regional» de la época sobre errores en la presentación de la propuesta técnica de la empresa Valko durante el concurso.
En otro de los cargos se le acusó de no «instruir tanto a los miembros de la Comisión de Apertura como a los miembros de la Comisión de Evaluación, el procedimiento correcto para la ejecución de sus funciones y no verificar la existencia de un nombramiento formal de la Comisión de Apertura de la Propuesta».
DELGADA LÍNEA
En el año 2020, luego de regresar a la Dirección de Vialidad del Maule, Gloria Fuentes solicitó al director regional Manuel Montero aclarar en qué medida podían afectarle sus vínculos con algunas renombradas empresas contratistas del MOP.
«Atendido su reciente nombramiento como Jefa del Departamento de Contratos… usted manifiesta que le asiste un conflicto de interés con la Empresa Consultora AGV Ingenieros Consultores, dado que le prestó servicios profesionales dentro de los dos últimos años, renunciando a la empresa con fecha 5 de noviembre de 2018, lo que la obliga a abstenerse de intervenir en cualquier procedimiento que involucre a la mencionada empresa», indica la respuesta de Montero (ver aquí).
El documento también buscaba tener claridad sobre el lazo indirecto que unía a Fuentes con la empresa Ingeniería y Construcciones Santa Fe S.A. «atendido el hecho de que su ex cónyuge don Gabriel Campos Dinamarca, de quien se encuentra divorciada hace diez años, trabaja para dicha empresa en calidad de ingeniero residente en obras de la Novena Región y… (en su calidad de jefa de Contratos) le corresponde tomar decisiones sobre procesos de contratación de obras».
Luego de analizar lo expuesto, el director fue tajante en señalar que la jefa de Contratos carecía de la imparcialidad suficiente para intervenir en cualquier acto que implicase favorecer a una u otra empresa. «A modo de ejemplo podemos decir a usted que, en su calidad de Jefa del Departamento de Contratos no puede integrar ninguna comisión que resuelva sobre asuntos en que tenga interés la empresa AGV Consultores o la denominada sociedad Ingeniería y Construcciones Santa Fe S.A.», resolvió.
Además señaló: «Tampoco puede visar documentos que se relacionen con dichas empresas, tales como designaciones de inspector fiscal, resoluciones que adjudiquen contratos respecto de licitaciones donde hubiesen participado dichas empresas, resoluciones que desafectan caminos de contratos globales, devolución de retenciones, regularización de reajustes, nombramiento de comisiones de recepción, e incluso resoluciones que aprueben anexos complementarios de bases administrativas o circulares aclaratorias y en general cualquier acto administrativo que diga relación con la toma de decisiones respecto de las referidas empresas».
