La Contraloría Regional del Maule fiscalizó los programas de Habitabilidad y Acompañamiento Familiar Integral del municipio de Teno, confirmando la no ejecución de recursos entregados por el gobierno durante dos años consecutivos, correspondientes a un total de $47.809.979 (cuarenta y siete millones ochocientos nueve mil novecientos setenta y nueve pesos), en relación al primero, además de incumplimiento en las horas de transporte para el personal, respecto al segundo.
El organismo también detectó irregularidades en la contratación de una profesional a honorarios que no pasó por concurso público, advirtiendo un gasto improcedente de $2.037.200 (dos millones treinta y siete mil doscientos pesos) utilizados en el pago de dicho sueldo.
Las observaciones fueron calificadas como «complejas», entendiéndose como aquellas que, «de acuerdo con su magnitud, reiteración, detrimento patrimonial, graves debilidades de control interno, eventuales responsabilidades funcionarias, son consideradas de especial relevancia por la Contraloría General», precisa el documento.
El ente remitió sus conclusiones al concejal Matías Rojas -quien denunció el caso-, a los demás miembros del Concejo Municipal de Teno y al director de Control Municipal, Marcelo Díaz. Además, pidió una serie de informes complementarios a la alcaldesa Sandra Améstica para verificar las medidas adoptadas (vea informe aquí).
SUMARIO INCOMPLETO
«En relación con las irregularidades en la no ejecución de recursos del Programa Habitabilidad 2020-2021, se constató que la entidad edilicia restituyó los montos de $22.666.939 -por el periodo 2020- y $25.143.040 -para el año 2021- referentes a los saldos no utilizados para los programas de cada uno de esos años, situación por la que el municipio instruyó un sumario administrativo por medio del decreto alcaldicio N° 450, de (octubre de) 2023″, detalla el pronunciamiento.
Pese a lo expuesto, se logró establecer que el proceso disciplinario solo se limitó a indagar los motivos por los cuales no se ejecutaron gastos para uno de los dos períodos que presentaron inconvenientes, omitiendo abordar responsabilidades por la «restitución de fondos de $22.666.939 correspondiente al ‘Programa Habitabilidad 2020′». Efectuadas las consultas a la asesora jurídica, María Constanza Castro, ésta no habría dado respuesta sobre aquello.
«Por lo tanto, esa municipalidad deberá iniciar las acciones que correspondan a fin de incluir los hechos que dieron origen a la restitución de los fondos del programa del año 2020 al proceso sumarial… remitiendo el acto administrativo que así lo disponga a la Unidad de Seguimiento de Fiscalía de este Organismo de Control al término del plazo de 15 días hábiles», solicitó Contraloría.
Cabe recordar que la alcaldesa Sandra Améstica, tal como reveló Teno Informado en un reportaje de 2022, había solicitado al Ministerio de Desarrollo Social aumentar los recursos asignados y no ejecutados del Programa de Habitabilidad 2020, a fin de dar soluciones habitacionales a cuatro familias vulnerables de la comuna de Teno, lo que fue rechazado por la seremi del ramo, atendido el largo tiempo transcurrido desde la transferencia del aporte.
En dicha solicitud, la jefa comunal apuntó a diversos motivos que habrían retrasado la ejecución del programa, como licencias de la Encargada Comunal, la renuncia del equipo ejecutor de apoyo técnico y social de marzo de ese año y la inflación de los costos de materiales de construcción producida por la guerra entre Ucrania y Rusia, según mencionó.
FONDOS NO ACLARADOS
«Se observó que hubo incumplimiento a lo dispuesto en el Numeral II ‘Requisitos para la contratación de apoyos familiares’ del anexo N°1 del convenio de transferencia de recursos para ejecución del programa de acompañamiento familiar integral del Fondo de Solidaridad e Inversión Social (FOSIS), por cuanto se contrató a una persona sin ajustarse a la normativa de dicho programa, situación que luego fue corregida por la municipalidad», refiere Contraloría.
En este punto, se acreditó que el convenio de FOSIS había exigido efectuar un concurso público para proveer los cargos financiados por el programa. Dicha instrucción no fue acatada por la Municipalidad de Teno en una de las contrataciones, ya que no hubo proceso abierto de selección de personal.
La versión que entregó la jefa de la Unidad de Intervención Familiar del municipio, Franchesca Cubillos, fue que ella había subido la información del contrato a la oficina virtual de FOSIS en febrero de 2022, sin recibir ningún reparo de la entidad. Pese a ello, el director regional del servicio, Enrique Uribe, negó que el presunto documento haya llegado a sus manos.
No fue sino hasta abril de 2022 que la funcionaria de apoyo provincial de FOSIS, Constanza Sepúlveda, indicó a la municipalidad que no correspondía el método de contratación realizado. Para esa fecha, el municipio ya había pagado un mes de sueldo a la profesional contratada, por un monto de $2.037.200.
En sus descargos a Contraloría, la alcaldesa Améstica admitió un «error interno», agregando que «la unidad jurídica municipal propuso la instrucción de un proceso disciplinario por medio del memorándum N° 197/2023, de 26 de diciembre de 2023». Sin embargo, no se proporcionó el acto administrativo que lo instruyera, lo que deberá ser subsanado en 15 días hábiles.
«Además, con fecha 19 de febrero de 2024, se consultó por medio de correo electrónico a la asesor jurídico de la Municipalidad de Teno, doña María Constanza Castro Ibáñez, acerca de con qué recursos se le pagó (a la profesional objetada por FOSIS)… el mes que cumplió labores para el programa… no obteniéndose respuesta hasta la fecha de emisión del presente oficio», añadió, brindando a la alcaldesa el mismo plazo anterior para contestar.
TRASLADOS NO EFECTUADOS
«Se constató que el municipio no habría cumplido con la responsabilidad de mantener disponibilidad de hasta 76 horas mensuales de vehículo/s u otro medio de desplazamiento para la movilización y traslado del Programa de Apoyos Familiares en terreno», señala otro acápite del análisis efectuado por Contraloría.
Agrega que la unidad jurídica del municipio «propuso la instrucción de un procedimiento disciplinario a fin de determinar las responsabilidades administrativas que correspondieran, pero no se remitió el acto administrativo» que instruyó la investigación.
La revisión abarcó el análisis de las bitácoras de vehículos municipales, dos de los cuales fueron utilizados durante el año 2022 para la implementación del programa, lo que permitió establecer que no se cumplió la cuota mensual, dado que, en el mes de enero, se aportaron 16 horas; en febrero, 6 horas; en marzo, 4 horas; en abril, 18 horas; en mayo, 1 hora; en junio, 68 horas; en julio 25 horas; en agosto, 6 horas; en septiembre, 23 horas; en octubre, 17 horas; en noviembre, 8 horas, y en diciembre, 9 horas.
«Por lo anterior, ese municipio deberá remitir a la Unidad de Seguimiento de Fiscalía de esta Entidad de Control, el acto administrativo del sumario ordenado instruir por medio del memorándum N° 197/2023, de 26 de diciembre de 2023, en el plazo de 15 días hábiles, contado desde la recepción del presente oficio», ordenó.
