Rechazado por el máximo tribunal del país quedó un recurso judicial presentado por el empresario Iván Núñez Reyes que buscaba levantar la paralización de una planta procesadora de áridos ubicada en el río Teno, medida que fue adoptada por el municipio en octubre de 2023.
En su intento por revertir el decreto -firmado bajo la administración de la exalcaldesa Sandra Améstica tras denuncias del Concejo Municipal de la época-, Núñez argumentó que no necesitaba permisos de extracción de materiales ni patente municipal, afirmando que sus labores tenían sustento en un contrato suscrito con la Empresa Concesionaria del Embalse Convento Viejo.
Pese a ello, un primer fallo de la Corte de Apelaciones de Talca -que fue validado por la Corte Suprema- señaló que «el actuar de la Municipalidad reclamada ha sido con estricto apego a la normativa legal vigente, dentro de la esfera de sus atribuciones y competencias».
Tal como publicó «Teno Informado», la actividad de extracción de áridos también fue cuestionada por Contraloría, entidad que emitió un extenso informe donde solicita recuperar derechos no cobrados a Núñez por más de 23 millones de pesos, además de instruir un sumario para indagar el proceder municipal.
En paralelo ha sido objeto de escrutinio la cercanía del empresario con el círculo de confianza del nuevo alcalde de Teno, Wildo Farías, vínculo que la propia autoridad reconoció en una publicación efectuada el 1 de diciembre de 2024, días antes de asumir el cargo.
«Ahora nos ubicamos en el callejón San Isidro, donde gestionamos el arreglo de dicho callejón con el apoyo de nuestros amigos empresarios», versa la nota de Facebook que acompaña una fotografía en la cual se observa a Iván Núñez, Farías y el actual funcionario de Administración Municipal, Eduardo Campos (ver imagen).
Según pudo recabar este medio, en la última semana de febrero, el alcalde habría firmado un decreto para autorizar a Iván Núñez poder «ingresar al recinto clausurado según lo dispuesto en el Decreto Alcaldicio G N° 397/2023, para que haga retiro de material acopiado en dicho inmueble».
Cabe señalar que la decisión adoptada por la antigua administración señalaba que el municipio no se haría «responsable de los equipos, instalaciones, mercaderías u otras especies que puedan existir al interior del inmueble mientras dure la clausura».
