La Municipalidad de Teno, encabezada por el alcalde Wildo Farías, tuvo que pagar más de $139 millones por la compra de un camión limpia fosas que no cumplía con los requisitos del contrato.
Así lo expresa un documento jurídico interno -al que accedió «Teno Informado»-, que analiza las contradicciones incurridas por el municipio durante el proceso de recepción del vehículo, el cual se financió por acuerdo del Concejo Municipal a través de los fondos de royalty minero.
El informe, redactado por el abogado Germán Aliaga, sostiene que la máquina fue recibida con un kilometraje de uso de 3.979, lo que no se ajustaba a las bases de licitación (nuevo sin rodaje), situación que la unidad municipal respectiva omitió observar oportunamente.
«La empresa (Saivam) cuenta con un certificado de recepción conforme firmado por un funcionario municipal que es parte de la unidad técnica… No se solicitó reposición del camión de forma inmediata a la recepción, tampoco cuando se verificó que el camión no cumplía con lo requerido», expone el registro.
Tal hecho, aduce el profesional, refleja «una negligencia interna respecto a la verificación de las condiciones del producto entregado en dependencias municipales».
A ello se agrega el hecho de que la factura extendida por el proveedor no fue rechazada en el plazo correspondiente, lo que en definitiva amarró al municipio a tener que pagar por un camión usado.
«La factura N° 1813 fue emitida con fecha 28 de julio de 2025, es decir, solo tres días antes de que el camión fue recepcionado… lo que permite concluir que si se hubiese verificado de forma inmediata que el camión no cumplía con los requisitos al momento de su entrega, la factura se podría haber rechazado… pues aun estaba vigente el plazo de 8 días para aquello», concluye.
Cabe resaltar que esta irregularidad se suma a la que fue denunciada en julio por «Teno Informado», caso que ya escaló a Contraloría y generó un pronunciamiento que confirmó inconsistencias en la adjudicación del camión, ordenando un sumario.
El alcalde Farías nombró como fiscal de esa investigación a uno de sus directores más cercanos: Gonzalo Ibarra, jefe de la Dirección de Desarrollo Comunitario (Dideco).
