La Municipalidad de Teno llegó a un acuerdo con el Consejo de Defensa del Estado (CDE) para evitar la devolución de los más de $500 millones de pesos que, según el organismo, fueron pagados de manera improcedente a diversos funcionarios de la entidad comunal.
Tal como informó este medio en noviembre del año 2020, un total de 60 trabajadores activos y retirados del municipio fueron demandados luego de ver aumentados sus sueldos a través del denominado «incremento previsional».
Aunque la Contraloría General de la República desconoció la legalidad del beneficio y ordenó restituir los fondos a varios municipios del país, el Concejo Municipal de Teno, al año 2011, acordó mantener el pago de éste, con el fin de evitar un juicio laboral iniciado por los funcionarios.
A través de documentos obtenidos por Ley de Transparencia, Teno Informado logró establecer que en realidad fueron 90 los receptores del beneficio -cuya mantención seguía vigente al año 2020-, y que los directores municipales recibieron, en total, los montos más altos: $19.999.482 el director de Control, $19.277.278 la de Obras, $20.728.677 la de Desarrollo Comunitario, $31.574.213 la de Administración y Finanzas y $31.790.448 el Secretario Municipal.
También aparecieron nombres de personas que ya no forman parte de la dotación del municipio: el ex director de Obras ($18.691.661), la ex directora de Tránsito ($20.326.852), el ex juez de Policía Local ($33.670.951), un concejal en ejercicio que estuvo a cargo del área Deportes ($2.847.798) y un familiar de otro miembro del Concejo ($1.303.321).
NADIE HARÁ DEVOLUCIONES
Para dar término al conflicto, el municipio liderado por la alcaldesa Sandra Valenzuela y el CDE, con la venia del actual Concejo -a excepción de sus miembros Paulo Donoso y Jose Luis Cáceres, que se abstuvieron de votar a favor o en contra-, determinaron una serie de condiciones, ninguna de las cuales exige que los funcionarios actuales y antiguos devuelvan los recursos.
Según el escrito contenido en la causa que tramita la Corte de Apelaciones de Talca bajo el rol 1625-2020, se deberá dejar sin efecto el acuerdo del año 2011 que reconoció el pago como un derecho de los funcionarios, además del decreto que dispuso el cumplimiento del mismo.
También se dejará sin efecto, «a partir del pago de remuneraciones de abril de 2021 y en lo sucesivo, el pago del llamado incremento previsional que se funde en los actos previamente individualizados, respecto de los funcionarios demandados en la causa».
«Los funcionarios renuncian a la percepción del beneficio y aceptan los términos de la presente transacción», agrega el texto.
Por su parte, el Fisco de Chile se comprometió a no solicitar «respecto de los funcionarios demandados, la restitución o reintegro de lo que hubieren percibido a título del señalado incremento desde el 29 de septiembre de 2011 y hasta la fecha de transacción».
