A fines de 2019, por disposición de Contraloría, la alcaldesa de Teno, Sandra Valenzuela Pérez, se vio forzada a instruir un sumario por ilegalidades en el proceso de compra de un curso de capacitación para la concejala Sandra Améstica Gaete en la ciudad de Santiago, durante el año 2017.
La investigación recayó sobre la asesora jurídica Lorena González, teniendo como origen una denuncia realizada por Teno Informado que cuestionó el proceso de pago de $400.000 (cuatrocientos mil pesos) por costos de inscripción para la empresa Andén Austral y otros $239.000 (doscientos treinta y nueve mil pesos) en viáticos para el viaje de Améstica.
Hasta entonces solo bastaba que un concejal pidiera formar parte de un curso al que había sido invitado y que el resto del Concejo Municipal otorgara su aprobación. Todo esto, según concluyó la indagatoria, ocurría sin efectuar mayor análisis sobre la causal legal que utilizaría el decreto de la alcaldesa para justificar el trato directo con el proveedor que ofrecía el servicio.
En agosto de 2020, luego de tomar declaración a varios funcionarios directivos, la abogada González confirmó la existencia de «falencias en el proceso de adquisición», apuntando a una «responsabilidad difusa, o de la organización completa, la que no es posible atribuir a una persona determinada» (ver informe aquí).
«Además, se ha podido constatar que al interior del municipio se tenía la creencia cierta de actuar conforme a derecho al establecer que si un determinado proveedor establecía un único programa de capacitación, lo transformaba en un proveedor único, cosa que, con el tiempo, con las capacitaciones y con las observaciones realizadas por Contraloría, se ha podido conocer que se estaba actuando erradamente», subrayó.
«ME ESTOY RESGUARDANDO YO»
En noviembre de 2017, durante una sesión del Concejo Municipal de Teno, la concejala Sandra Améstica pidió la palabra para dirigirse a la jefa de Administración y Finanzas, Mariana Rojas. «Lo único que le iba a preguntar a la Sra. Mariana es si nos queda plata para algún curso», inquirió.
ALCALDESA: Nada, nada. Estamos en las últimas.
SANDRA AMÉSTICA: ¿Cómo no va a quedar algo?
MANUEL SOLÍS: ¿A dónde quieres ir?
SANDRA AMÉSTICA: A Santiago.
ALCALDESA: Que revise a ver si queda…
El intercambio quedó registrado en una transcripción de la audiencia (ver aquí), correspondiente al día 29 de noviembre. Una semana después, el secretario municipal Manuel Villar dio lectura a una petición formal de la concejala Améstica para incorporarse a un curso de capacitación titulado «Remoción de Alcaldes y Concejales por Falta a la Probidad y Abandono de Deberes», a realizarse entre el 11 y 15 de diciembre en la Región Metropolitana.
ALCALDESA: ¿Remoción de alcaldes?
AMÉSTICA: No, que quede claro alcaldesa, no es por usted. Me estoy resguardando yo porque en el tiempo que estamos, cualquiera puede remover del cargo a cualquiera.
La petición fue aceptada sin reparos con los votos de los concejales Manuel Solís, Wildo Farías, Paulo Donoso, Matías Díaz y José Luis Cáceres, además de Sandra Valenzuela.
«FALTA DE CONOCIMIENTO»
La primera funcionaria que prestó declaración en el sumario fue Berta González, funcionaria de Adquisiciones. «Yo estoy de acuerdo con Contraloría, la verdad es que ignoro cuándo fue solicitado el curso, por qué se hizo con ese proveedor. Yo ignoro lo que discute el Concejo. No sé si se analizan estos puntos, porque nosotros sabemos de un curso de capacitación cuando ya está aprobado», dijo.
«Pero usted fue la responsable de la orden de compra. ¿En ese minuto sabía que esa modalidad (trato directo) no correspondía?», retrucó la investigadora.
«Sí lo sabía», contestó, «pero en el fondo a mí me dijeron que lo hiciera como en todos los casos anteriores. En el fondo uno sabía que no era la modalidad más apropiada, pero recibimos la instrucción de gestionar la compra».
Tal como consta en el informe final de investigación, el principal hallazgo fue que no existía «una unidad a cargo de analizar y gestionar las solicitudes presentadas por los concejales para asistir a cursos de capacitación». Tanto es así que ninguno de los funcionarios interrogados en el expediente fue capaz de explicar quién se hacía cargo técnicamente de visar la adquisición.
Por ejemplo, consultada sobre las razones de esta «situación anómala», la jefa de Administración y Finanzas, Mariana Rojas, atribuyó el hecho a la ausencia de un procedimiento reglamentado para este tipo de compras y a la «falta de conocimiento de los concejales». Rojas sostuvo, además, que la unidad técnica encargada de tramitar las capacitaciones debía ser la Secretaría Municipal.
En referencia a esto, el secretario Manuel Villar respondió que «el Concejo no está a mi cargo» y que, a su parecer, la tarea de supervisar el proceso debió corresponder a la Unidad de Adquisiciones. Junto a eso, Villar coincidió en que la forma en que se tomaban los acuerdos del Concejo no era la correcta para estos casos, ya que solo existía un pronunciamiento «para participar en el curso», pero no «una revisión previa de los aspectos señalados».
«ERA UNA GRAN PRESIÓN»
Otra cuestión que debió aclararse fue si la compra cuestionada pasó por las manos del director de Control, Marcelo Díaz, cuya principal labor es fiscalizar la legalidad de los actos municipales. «No, no la revisé, porque el decreto de pago solo me llegó el día 11 de diciembre (de 2017). Es decir, el mismo día en que se emitió. Es decir, me llegó incluso después de que el curso comenzara», indicó.
«En muchas instancias señalé que el pago llegaba el mismo día de realización del curso, y no había tiempo para hacer observaciones y existía la presión del concejal, pues el Concejo ya había autorizado la capacitación. Por otra parte, existía la presión de obtener el decreto de pago de los viáticos respectivos. Muchas veces el concejal esperaba en las afueras de mi oficina, o en el municipio, el respectivo cheque. Era una gran presión», argumentó.
Díaz agregó que antes de la denuncia, «el curso se autorizaba solo en la debida sesión de Concejo, y no participaba ninguna unidad municipal, no se consultaba a la unidad de finanzas, nada. Solo se aprobaba y llegaba a la unidad de compras para hacerlo».
Por su parte, la administradora municipal, Ángela Muñoz, volvió a cargar el peso de la responsabilidad sobre los concejales.
«No analizan la pertinencia del curso, tampoco hay un informe que dé cuenta de los reales aprendizajes», afirmó, proponiendo establecer una modalidad clara para la solicitud, plazos y fundamentación de «cuál sería el aporte para el concejal, para el Concejo, la Municipalidad y la comunidad la asistencia a un determinado curso».
Al término del sumario, la asesora jurídica Lorena González rescató lo observado, asegurando que se estaban realizando diversas mejoras internas, como implementar la revisión previa del director de Control de todo trato directo e informar al Concejo Municipal que la solicitud de asistencia a un curso debía presentarse con la debida antelación.
