Tres denunciantes con reserva de identidad solicitaron a la Contraloría Regional del Maule verificar la legalidad de un contrato a honorarios firmado por la actual gobernadora Cristina Bravo en la Municipalidad de Curicó mientras cumplía funciones como consejera y durante la campaña en que resultó electa.
Según los antecedentes recabados por Teno Informado, el alcalde Javier Muñoz, en el marco del proceso de revisión que se abrió por las denuncias, confirmó que Bravo «prestó servicios» bajo esa modalidad «desde el 1 de enero de 2018 hasta el 17 de mayo de 2021, período en que fue contratada para desempeñarse como asistente social de la alcaldía municipal y ‘apoyar las tareas del alcalde en temáticas sociales'».
A su vez, la autoridad comunal envió un certificado emitido por el director de gestión de personas del municipio, el cual resultaría «insuficiente» para acreditar la existencia de las prestaciones de la actual gobernadora en los términos del contrato, según consta en un pronunciamiento de Contraloría emitido a comienzos de este mes (ver aquí).
Producto de ello, el ente fiscalizador ha pedido al municipio de Curicó «remitir -a más tardar el 20 de agosto- la totalidad de los antecedentes que permitan constatar la prestación de los servicios convenidos con doña Cristina Bravo Castro, desde el 1 de enero de 2018 hasta el 17 de mayo de 2021, como asimismo, aquellos que den cuenta del pago de sus honorarios en el mismo período».
«En otro orden de ideas -agrega- es dable manifestar que de la documentación analizada se advierte que, durante el presente año, el alcalde titular concedió a la misma prestadora un ‘permiso sin goce de remuneraciones’ a partir del 1 de marzo y hasta el 9 de abril, y que luego, el alcalde subrogante autorizó un permiso de la misma naturaleza por el lapso que va desde el 19 de abril hasta el 17 de mayo, lo que resultó improcedente, dado que en el convenio a honorarios celebrado en 2021 no se estipuló dicho beneficio estatuario».
«Por consiguiente, en lo sucesivo, esa municipalidad deberá abstenerse de otorgar franquicias que no hayan sido acordadas en los respectivos contratos a honorarios», finaliza.
