La exalcaldesa de Teno, Sandra Valenzuela Pérez, no veló por el adecuado resguardo de los bienes y recursos públicos invertidos en el cuantioso proyecto de mejoramiento de la Medialuna, financiado a través del Gobierno Regional del Maule por un monto superior a los 80 millones de pesos en el año 2017.
Así de tajantes son las conclusiones a las que llegó la Contraloría Regional del Maule tras indagar una denuncia presentada por el hoy concejal Matías Rojas que apuntó a deficiencias en la obra ejecutada por la empresa Indemma, vinculada a los hijos del senador Juan Castro.
El oficio (ver aquí) fue emitido el 8 de marzo de 2022 y plantea que existió una «ausencia de control jerárquico» ejercido por Valenzuela, «considerando el deterioro al cual está expuesta dicha infraestructura comunal sin las mantenciones correctivas y cuidado requerido desde la data de recepción definitiva de la misma».
Otro de los puntos abordados fueron las quejas plasmadas por diversos clubes de huasos que cuestionaron el diseño ejecutado desde el punto de vista reglamentario, como la falta de división de la caseta, las graderías y el acceso para vehículos de emergencia.
Sin embargo, la entidad consideró que el proyecto, postulado a recursos FRIL, contó con al menos cinco certificados de organizaciones que habrían participado en su elaboración, resultando inoficioso instruir un sumario por el tiempo transcurrido.
En cuanto al proceso de recepción municipal, Contraloría anotó que, antes de la denuncia, pasó «un período superior a 2 años o de 767 días, por lo cual, no resulta factible establecer el estado de la obra al momento de efectuarse su recepción, constatándose en la visita inspectiva por parte de esta Entidad de Control, practicada el 1 de diciembre de 2021, deficiencias que pueden estar relacionadas con una falta de mantención del recinto y/o el deterioro de los materiales de la edificación con el transcurso del tiempo».
En razón de lo anterior, el documento solicita a la nueva administración de la alcaldesa Sandra Améstica «adoptar, a la brevedad, las medidas que sean necesarias para asegurar la operatividad y uso del referido recinto deportivo, en virtud de los principios de eficiencia, eficacia y control… debiendo informar documentadamente de ello a este Órgano Fiscalizador, dentro del plazo de 60 días hábiles».
Las observaciones también fueron enviadas a la gobernadora regional, Cristina Bravo.
El caso ya había sido expuesto en el reportaje de investigación «Medialuna al bolsillo», del espacio audiovisual Teleteno, publicado a mediados del año 2019:
