A través de un oficio presentado el 8 de mayo de 2022, la Comisión de Régimen Interno del Concejo Municipal de Teno precisó los alcances de la auditoría externa a la gestión de la exalcaldesa Sandra Valenzuela que fue aprobada en sesión ordinaria de esa instancia durante el año 2021.
Con respecto a la orientación de la consultoría -que aún está pendiente de ser ejecutada por la administración de la alcaldesa actual, Sandra Améstica-, la comisión pidió revisar una serie de procesos internos del Departamento de Educación Municipal (DAEM) a raíz de numerosas observaciones efectuadas por Contraloría y otros organismos que se vienen arrastrando desde el período anterior.
«Se solicita auditar la correcta ejecución de las transferencias y gastos de recursos externos destinados a establecimientos educacionales. La necesidad de esta revisión obedece a las observaciones realizadas por la Superintendencia de Educación al proceso de rendición de millonarios recursos SEP y PIE en al menos dos establecimientos, donde se ha indicado por el jefe DAEM, Sr. Jorge Díaz Morales, que faltarían respaldos para acreditar el correcto uso de los fondos en años anteriores», señaló el documento.
El punto siguiente aludió al proceso de «recuperación de subsidios de licencias médicas del DAEM», cuya necesidad de auditar encontraría fundamento en «la tardanza de dicha recuperación, y en el hecho de haberse cobrado subsidios de licencias médicas por algunos funcionarios del Departamento que no han efectuado un reintegro completo de los fondos».
Otro acápite mencionó la importancia de analizar los procesos internos de compras, dada la existencia de «casos de firmas falsas, tratos directos improcedentes, imputaciones contables erróneas y falta de control interno durante la ejecución del contrato que mantuvo este municipio con el proveedor de clínicas de tenis denominado ‘Asesorías Deportivas HP’, todas situaciones irregulares que han sido observadas por la Contraloría Regional del Maule».
Finalmente, la comisión requirió auditar el «área de remuneraciones del DAEM, para verificar su correcto funcionamiento», citando las inquietudes que han sido expresadas «por funcionarios/as, docentes y asistentes de la educación, en relación con el cálculo de algunas remuneraciones, bonos y otras obligaciones laborales impagas o que presentan tardanza».
Cabe señalar que a fines del año 2021, el Concejo Municipal sugirió destinar un monto de 30 millones de pesos en el presupuesto de 2022 para concretar la auditoría con fondos municipales, recomendación que fue aceptada por la alcaldía. Sin embargo, a menos de tres meses del término de año, la iniciativa no ha presentado avances ni respuestas formales de la autoridad comunal.
A lo anterior se suma el cuestionamiento realizado por la abogada Lorena González -funcionaria de confianza de la alcaldesa anterior y jefa jurídica de la actual-, respecto a la validez del trabajo desarrollado por la Comisión de Régimen Interno en este ámbito, materia que está siendo analizada por Contraloría.
«Yo desconozco y creo que el Concejo no ha adoptado un acuerdo suficiente para que la municipalidad comience a analizar un proceso de auditoría», manifestó la abogada en la sesión ordinaria N° 54 -celebrada el pasado 10 de agosto- cuando respondía a una consulta de la propia Améstica sobre el estado actual de la consultoría.
PARO DE ASISTENTES
Para este martes 11 de octubre ha sido convocado un paro y movilización desde el gremio de asistentes de la educación municipal de Teno, respaldado por docentes.
A través de una circular, la presidenta de la asociación, Karen Aravena, indicó que no han existido respuestas claras y coherentes del jefe del DAEM, Jorge Díaz, sobre problemas en el área de remuneraciones y de índole laboral, con casos de funcionarios que tendrían «sueldos impagos e incompletos a fin de mes», asistentes que cubren «horas docentes por no tener personal para reemplazo» y un descuento masivo que «no fue informado, ni consensuado».
«No se ha cancelado el Bono de Rentas Mínimas hace 6 meses y existiendo un dictamen de Contraloría donde el Sostenedor es quien debe hacerse cargo de esto», sostiene el documento, agregando que han estado más de un año «solicitando información del excedente de subvención que por ley corresponde a los asistentes de la educación (Ley N° 19.464)» y que habría problemas con el envío de documentos para colegas que solicitaron su retiro.
Mencionando estos puntos, «por una vulneración a nuestros derechos como trabajadores y por dignidad profesional y como ser humano, hemos convocado a nuestras bases a nivel comunal y con el Apoyo del Colegio de Profesores de la Comuna», concluye.
