Un informe reveló numerosas irregularidades en la fiscalización de los contratos de recolección de basura que ha venido ejecutando la empresa Bio Rec Limitada en el marco de servicios prestados al municipio de Teno.
Los hallazgos fueron realizados por la Contraloría Regional del Maule y son parte de una auditoría enfocada en las compras tramitadas por esa entidad comunal desde enero a diciembre de 2021, con el propósito de constatar si existieron medidas de monitoreo y control interno relacionadas con dichas adquisiciones.
El documento de más de 100 páginas (ver aquí) observó falta de implementos entregados al personal, vestuario aportado en forma parcial por el contratista, ausencia de trabajadores en los puestos de trabajo y carencia de un libro de control.
De esta manera, la revisión determinó que el departamento encargado de fiscalizar los servicios omitió cursar multas por un total de 92 UTM, cifra que sobrepasa los $5.800.000 (cinco millones ochocientos mil pesos) y de lo cual se deberá proceder a su cobro.
Además de esta situación, como detalla el Informe Final N° 93-23, se ordenó al municipio instruir un sumario para dilucidar, entre otras materias, por qué no existe un respaldo de las fiscalizaciones realizadas por el inspector técnico de la Dirección de Servicios Operativos a través del libro de registros que exigían las bases.
ADULTERACIÓN DE ASISTENCIA
El equipo de Contraloría también develó incongruencias en la asistencia de los trabajadores que debían ejecutar el contrato de Bio Rec, lo que implicó, en la práctica, que el municipio pagara un servicio compuesto por una cantidad de trabajadores superior a la dotación real o efectiva que lo ejecutaba, situación que el inspector técnico del servicio omitió advertir.
Así, «el día 27 de diciembre de 2022, se constató para la ejecución del servicio de la licitación ID N° 834259-26-LR21 que el servicio de barrido de calles se encontraba funcionando con 7 trabajadores, es decir, sin el personal mínimo exigido, tanto en el punto 4.2 de las bases técnicas del contrato celebrado entre las partes del año 2022; así como también, según lo dispuesto en la cláusula segunda del respectivo contrato, en orden que el proveedor se obliga a contar con 9 auxiliares».
Junto a ello, en relación a la planilla de asistencia de los meses de abril, mayo y julio de 2022, se observó que «éstos no permitían cubrir el personal mínimo exigido en el contrato inicial y el anexo de contrato».
De igual manera, en cuanto al mecanismo de control destinado para verificar el cumplimiento de la jornada laboral, «se constató que si bien la empresa Sociedad de Inversiones Bio Rec Limitada dispuso de un libro de asistencia, este método no permite cautelar a cabalidad, puesto que se constató que éste no presenta instancias de revisión por parte del Inspector Técnico del Servicio».
Además, «se verificó que este método fue adulterado, constatándose en una visita a terreno, que presentó registros posteriores a la fecha de la inspección».
PAGOS SIN RESPALDO
La auditoría analizó, además, el fundamento de los montos cancelados a otra empresa, Mujica y Docmac, la cual ejecutó la licitación N° 834259-32-LQ20 y sus posteriores extensiones.
Respecto a la firma de anexos de contrato durante los meses de febrero, marzo, julio y agosto de 2021, la Contraloría detectó que el municipio cursó pagos por la suma de $29.719.060 (veintinueve millones setecientos diez y nueve mil sesenta pesos) sin contar con varios documentos exigibles en las bases, tales como copia de liquidaciones de sueldo firmadas por los trabajadores, comprobante de remuneraciones, un certificado emitido por la Inspección del Trabajo, entre otros.
Específicamente en relación al decreto N° 887, correspondiente a la factura del mes de febrero de 2021 por un monto de $14.266.846, se constató que la empresa no adjuntó el registro de una capacitación obligatoria en ámbitos laborales.
Al momento de responder a este punto, el municipio envío el registro de una actividad que correspondía al mes de marzo, lo que hizo que Contraloría mantuviese la observación.
Adicionalmente, el informe concluye que la Municipalidad de Teno, referente a extensiones de contrato que fueron suscritas con Mujica y Docmac, no justificó la existencia de una falla, desperfecto u otra circunstancia adicional que hubiere hecho necesaria la incorporación de otro camión recolector, omitiendo aportar un estudio «o cotizaciones del servicio a cubrir con el anexo de contrato, a objeto de determinar si el precio convenido se ajustaba a los del mercado».
TRATO DIRECTO IMPROCEDENTE
La Contraloría dedicó algunos párrafos a contratos anteriores que fueron aprobados durante la administración de la exalcaldesa Sandra Valenzuela con los votos favorables de todo el Concejo Municipal de aquel entonces.
«En ese contexto, se verificó que la Municipalidad de Teno efectuó una contratación mediante trato directo (a Mujica y Docmac), por el período comprendido entre el 2 de enero y el 28 de febrero de 2019, por un monto de $22.012.687… a través del decreto alcaldicio N° 30, de 31 de diciembre de 2018, fundado éste, según el considerando N° 1 del citado acto administrativo, como ‘consecuencia de la revocación de diversas licitaciones de servicios habituales, debido a falencias e incongruencias entre las bases de licitación», destaca.
Sobre dicha decisión, el informe asegura que el municipio, al adjudicar a la empresa sin recurrir a un nuevo proceso de licitación, no actuó conforme a lo establecido en la ley de compras, recordando que «contraviene especialmente el principio de la probidad administrativa el omitir o eludir la propuesta pública en los casos que la ley disponga».
«En mérito de lo expuesto, corresponde que la entidad edilicia ajuste estrictamente sus actuaciones a la preceptiva y jurisprudencia aplicable a la materia, dando así cumplimiento al principio de juridicidad consagrado en los artículos 6° y 7° de la Constitución Política de la República, y 2° de la ley N° 18.575», finaliza.
