Pese a reconocer que existen faltas a la probidad al interior del municipio, la alcaldesa de Teno, Sandra Valenzuela, optó por cerrar, sin sanción alguna, el sumario ordenado por Contraloría ante el uso de documentos falsos para adjudicar reparaciones de jardines infantiles a un solo proveedor, simulando competencia con otros particulares que ofertaban precios más elevados.
«Teno Informado», vía Ley de Transparencia, solicitó copia íntegra del expediente, descubriendo que la investigación a cargo del propio director del Departamento de Educación Municipal (Daem), Francisco Passalacqua, estuvo paralizada por más de cinco meses, reanudándose solo a raíz de la petición que efectuó este medio.
Los documentos dan cuenta de escasas diligencias, ya que solo se tomaron declaraciones a dos funcionarios: la coordinadora de jardines JUNJI, María Leticia Barrera, y el encargado de adquisiciones del Daem, Matías Palma.
«Don Guillermo Cornejo realizó el presupuesto, pero cuando nos damos cuenta de que el presupuesto excede las 3 UTM, debemos hacer una contratación directa, por lo que se necesitaba la cotización de 2 proveedores más. Aquí don Guillermo nos menciona que conoce más maestros a los que puede solicitarle que realicen sus cotizaciones. Él asegura que son los maestros quienes realizan las cotizaciones. Las 3 cotizaciones las trajo don Guillermo Cornejo», señaló la encargada del programa JUNJI.
Por su parte, Palma confirmó que los documentos aportados por Cornejo tenían firmas inventadas, pero que no se dio cuenta de ello al momento de autorizar los trámites.
«No nos percatamos de las firmas, porque no es labor nuestra. Además, la única forma de evidenciar que la persona que presenta la cotización es quien firma, sería solicitando la cédula de identidad, lo que en muchas ocasiones no se puede verificar», dijo.
Con ambos testimonios, Passalaqua solo apuntó a Barrera por incumplir la Ley de Compras, enfatizando que la materia «está siendo investigada actualmente por la Policía de Investigaciones, ante la eventual comisión de un hecho ilícito». Sin embargo, manifestó que no era papel de ella verificar las firmas y recomendó no terminar su contrato.
Finalmente, a través del Decreto N° E 117/2020, la jefa comunal, Sandra Valenzuela, plasmó un argumento inesperado para absolver a la trabajadora y no seguir investigando más. «Que si bien se ha evidenciado faltas a la probidad en el actuar funcionario… esto obedeció a una mala práctica generalizada en la aplicación de la normativa de compras públicas, proceso que ha sido rectificado y ajustado a derecho», señaló.
