La Contraloría Regional del Maule instruyó por tercera vez consecutiva a la alcaldesa de Teno, Sandra Améstica, realizar acciones para cobrar tres millones de pesos adeudados por la actual concejala y exjefa comunal, Sandra Valenzuela, debido a un exceso en los gastos de combustible de un vehículo municipal que utilizaba para trasladarse a su vivienda particular.

La orden fue entregada por Contraloría en el año 2022 ante una denuncia presentada por el concejal Matías Rojas, quien observó irregularidades en bitácoras del medio de transporte fiscal y un consumo de bencina por sobre los límites legales del Ministerio de Hacienda durante los años 2019, 2020 y 2021.

A raíz del primer pronunciamiento, la entonces asesora jurídica, Lorena González -quien dejó de pertenecer al municipio en 2023-, solicitó al ente fiscalizador la reconsideración de la medida que exigió devolver los recursos públicos.

Dicha petición fue rechazada por Contraloría, que mantuvo firme su decisión.

Posteriormente, en 2023, considerando que la actual concejala no había reintegrado el dinero, se ingresó una nueva presentación a Contraloría, denunciando que la alcaldesa Sandra Améstica no había cumplido la instrucción, dado que solo había procedido a notificar los oficios a la deudora, por medio del secretario municipal Manuel Villar.

Así, el municipio explicó «que efectivamente solo se emitió el decreto respectivo de cobro, pero respecto de las gestiones posteriores aún no se ha tomado una decisión, agregando, que, en su concepto, procedería el inicio de un juicio de cuentas (realizado por la misma Contraloría)».

Con fecha 18 de enero de 2024, este último órgano fue categórico en señalar que, «en atención a la cuantía a la que ascendió el daño ocasionado -$3.065.001- este Organismo Fiscalizador se abstuvo de iniciar ese procedimiento, indicando que el municipio debía realizar las gestiones».

«En tal contexto, el cobro sólo se puede efectuar mediante la substanciación de un juicio ordinario de cobro de pesos», recalcó, añadiendo que «corresponde que la Municipalidad de Teno dé estricto cumplimiento a los dictámenes de que se trata, de lo cual dará cuenta a esta Entidad de Control dentro de un plazo que no exceda del 31 de enero de 2024».

En este sentido, se recordó a Améstica el «deber de resguardo del patrimonio municipal que corresponde al alcalde, que se manifiesta en su obligación de velar por la eficiente e idónea administración de los medios públicos y en la integridad ética y profesional del manejo de los recursos que se gestionan».

Además, subrayó que los «funcionarios que tengan a su cargo fondos o bienes (de los señalados en la ley N° 10.336)… serán responsables de su uso, abuso o empleo ilegal y de toda pérdida o deterioro de los mismos que se produzca, imputables a su culpa o negligencia».

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